· En enero la compañía comenzó la construcción de la central de 1MW, que utilizará las aguas de las emblemáticas cascadas Los Maquis, en el estero del mismo nombre, sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
· En el requerimiento acusan que las obras difieren de la información que la empresa entregó a la autoridad para obviar su ingreso al SEIA y que existen múltiples aspectos que, según la normativa, harían exigible que se presente un declaración e incluso estudio de impacto ambiental.
El 18 de marzo una veintena de vecinos de Puerto Guadal ingresaron en Coyhaique dos requerimientos ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén (SEA), con el fin de que la construcción de la central hidroeléctrica Los Maquis, que impulsa Edelaysén en el estero y cascadas homónimas, ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Las obras se desarrollan a 7 kilómetros de Puerto Guadal, comenzaron en enero de año y tendrían una duración de seis meses, contemplando una inversión de unos $ 2.000 millones. El objetivo es ampliar a 1MW la capacidad de una antigua generadora de 370KW que abasteció a la Mina Escondida (que dejó de operar a mediados de los 80) y que fuera construida previo a que rigieran los estándares ambientales actuales.
A mediados del año pasado Edelaysén consultó al SEA la pertinencia de someter el proyecto al SEIA. En agosto la autoridad emitió la resolución exenta 334 mediante la cual informó que, según su criterio, este no necesitaba ser sometido a evaluación ambiental. En desacuerdo con la decisión, los requirentes entregan argumentos y antecedentes para fundamentar que se estaría ante un caso de elusión de ingreso al SEIA.
Denuncia ante la SMA
En la presentación ante la SMA, firmada por 22 vecinos, se señala que el SEA no debió autorizar a Edelaysen iniciar la construcción “sin conocer a lo menos la descripción detallada del proyecto o actividad y un análisis fundamentado de los impactos que el proyecto sería susceptible de ocasionar”.
Esto ha redundado en que no se haya estimado el impacto de las obras a la Zona de Interés Turístico Chelenko (territorio en el que se ubican tanto las cascadas como el estero Los Maquis) previo a resolver sobre su ingreso al SEIA, toda vez que la legislación incluso exige la presentación de un estudio de impacto ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.
En este sentido, la consulta de pertinencia hecha por la empresa al SEA no entregó detalles sobre la superficie de terreno a intervenir ni describió la ubicación de escombreras y canteras, de las áreas de extracción y acopio de áridos, así como tampoco de los depósitos y preparación de hormigón. Tampoco definió modo y trazados de transporte de maquinaria e insumos, no detalló la maquinaria a utilizar en las diferentes faenas asociadas al proyecto, ni hizo una estimación de sus principales emisiones. Y, por último, no entregó estimación de la flora a intervenir y su caracterización.
En una de sus presentaciones ante la comunidad, Edelaysen propuso mantener un “caudal escénico” permanente de 366 l/s. Sin embargo, los requirentes plantean que tal posibilidad no corresponde que esté sujeta a la voluntad de la eléctrica sino que debiera ser evaluada por el SEIA toda vez que el estero Los Maquis, y sus cascadas asociadas, no solo tienen un fin paisajístico sino también relevancia en términos de biodiversidad. Y solo a través de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se podría hacer exigible en el futuro el caudal mínimo escénico y/o ambiental necesario.
“Se ha invisibilizado absolutamente la conservación ambiental como elemento cautelado por la Zona de Interés Turístico Chelenko, señalando que la construcción y operación del proyecto no afectará el área puesta bajo protección oficial, sin contar con antecedente alguno que describa, a lo menos, la biodiversidad existente en el área y que demuestre que ésta no se verá afectada en las etapas de construcción y operación del proyecto” señalan los vecinos en su presentación.
Se consigna además que la propia empresa reconoce la utilización de tronaduras como método para efectuar excavaciones necesarias para su construcción “sin que se hubiere aportado antecedente alguno que permita evaluar sus impactos ambientales en general y, en particular, que el empleo de explosivos no afectará el valor turístico y ambiental del área y a quienes habitamos las áreas aledañas. Más aún si se considera que la zona en que se ubicaría presenta altísimo valor geológico y arqueológico, especialmente sensible a los impactos de la utilización de explosivos”.
Más aún, los denunciantes entregan una serie de fotografías y antecedentes que dan cuenta de que incluso la escasa información que se entregó al SEA para solicitar un pronunciamiento de ingreso al SEIA tampoco coincide con las obras efectivamente ejecutadas por parte de la contratista Obechile (del Grupo Obras Especiales). Apuntan a que esta “se encuentra efectuando labores de corta de bosque nativo e intervención con maquinaria en el área de influencia de su proyecto para la construcción de caminos, no obstante haber declarado -en la información parcial entregada a la autoridad- que se utilizarían aquellos caminos existentes desde la operación original del proyecto”.
Por último, plantean que el aumento de la capacidad instalada de 370KW a 1MW consiste en “cambios de consideración” que son causal para su ingreso a evaluación ambiental.
Por todo lo anterior, solicitan a la SMA realice una investigación que derive en la formulación de cargos y el inicio de un proceso sancionatorio, además de disponer como medida provisional la detención de las obras de construcción mientras no se dilucide la legalidad de las faenas. Algo que producto de la contingencia por el COVID19 ya ocurrió.
Invalidación ante el SEA
En paralelo a la denuncia ante la SMA, 8 vecinos que viven en el área aledaña al sector ingresaron un recurso ante el SEA para invalidar la Resolución Exenta 334/2019, del 12 de agosto del año pasado mediante la cual el organismo determinó que Edelaysén no debía someter su proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Los Maquis a evaluación ambiental. Esto con el fin de que se obligue su ingreso al SEIA, basado en los fundamentos y antecedentes entregados a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Producto de la grave situación de salud pública originada por la pandemia del coronavirus y en atención a que la construcción contempla el trabajo simultáneo de decenas de personas, con ingresos y salidas desde y hacia Puerto Guadal, las obras están paralizadas desde hace más de una semana.
Edelaysen pertenece al Grupo Saesa, controlado por Inversiones Eléctricas S.A. y en el que participan los fondos canadienses Ontario Teachers Pension Plan Board y Alberta Investment Management Corp.
